19 mar 2013

Recuperación de la soberanía energética

Compartimos el discurso del Diputado Metaza durante la Sesión del 3 de Mayo del 2012, en la cual se sanciono definitivamente la expropiación del 51% de YPF S.A., que constituyo para la Argentina la recuperación de su soberanía sobre la producción hidrocarburifera de su territorio.

En primer lugar quiero mencionar que todavía siento la emoción por haber participado el viernes pasado en el estadio de Vélez Sarsfield de ese masivo acto, en el que la presidenta de la Nación recibió el respaldo de más de cien mil personas adentro de la cancha y de más de treinta mil afuera de ella, recordando aquel 27 de abril donde las urnas posicionaron a Néstor Carlos Kirchner para la segunda vuelta electoral que luego lo catapultara a la presidencia de la Nación en virtud del abandono de su contendiente, el ex presidente Menem.
Siento emoción pero también un profundo orgullo de pertenecer a este movimiento político que se llama Frente para la Victoria, que hoy tiene la iniciativa política y conduce los destinos del país, que ha tomado medidas trascendentales que han cambiado el rumbo a la Argentina, y que ha devuelto la felicidad a nuestro pueblo. Entre esas medidas está el proyecto de ley que hoy estamos considerando.
Es para mí un honor ser parte de esta Honorable Cámara de Diputados en representación de la provincia de Santa Cruz en estos días memorables. La historia y el futuro de nuestro país nos convocan a ser partícipes de una medida que cambia el rumbo de la Argentina en materia de soberanía energética.
También traemos a este recinto el legado de nuestra población que confía en que la recuperación de la mayor empresa hidrocarburífera del país devolverá la esencia al trabajador del petróleo, ese recurso tan valioso con el que cuenta nuestro país y que ningún empresario puede comprar ni vender como acciones.
Este proceso de transformación sólo puede concretarse porque tuvimos un presidente llamado Néstor Kirchner y tenemos esta presidenta coraje, que siempre tuvieron muy claro lo que necesitaba el país y nuestra provincia, y marcaron el camino de la recuperación de la independencia económica y la soberanía política, promoviendo la equidad con inclusión y el bienestar del pueblo argentino.
Estoy firmemente convencido de que la voluntad política que derivó en la decisión de nacionalizar YPF y así recuperar la soberanía energética no hace más que ratificar el rumbo de un modelo de país que tiene como pilares el crecimiento de la industria y el trabajo nacional, la inclusión y la justicia social.
                      De esta manera, Argentina vuelve a reposicionarse como productor de hidrocarburos, teniendo en su poder las decisiones sobre sus recursos, para poder explorar, extraer y refinar de acuerdo a las necesidades de nuestra población, acorde a las necesidades de la industria, al servicio del crecimiento nacional. Ese crecimiento que marca récords consecutivamente, un ciclo de crecimiento de una magnitud y duración inusitadas en nuestros 200 años de historia. Contra todos los pronósticos y frente a todos los augurios que presagiaban catástrofes y recesiones, este proyecto de crecimiento con inclusión social nunca abandonó la expansión a niveles del 7,7% de promedio anual.
                      Esos índices obligaban a que la producción hidrocarburífera acompañara ese crecimiento, respaldara ese envión que había tomado la industria nacional; y resultó ser que aquella empresa que había sido el orgullo de nuestra nación, ahora en manos extranjeras no tuvo la menor intención de acompañar tal proceso. Los objetivos financieros de los dueños trasnacionales se distanciaron de nuestras necesidades.
                      Y comenzó el proceso de desaceleración que hoy padecemos obligándonos a importar combustibles por más de 9 mil millones de dólares, como bien se deja expresado en los fundamentos de este proyecto de ley equiparando prácticamente al saldo comercial total del país.
                      Santa Cruz fue una de las principales víctimas de esa estrategia de reducción de producción que encaró Repsol. Poco a poco fue deteniendo la exploración de nuevos yacimientos, levantando los equipamientos y abandonando los pozos, repercutiendo no sólo en los ingresos o regalías para las arcas provinciales, sino sumando incertidumbre a la población que veía amenazado sus puestos de trabajo.
                      Quisieron hacernos creer que los pozos en nuestra provincia, y por consiguiente en todo el país, se iban agotando; cuando los geólogos y técnicos expertos en la zona, algunos de ellos ex empleados de la YPF estatal, aseguraban que la recuperación era cuestión de inversión. Era destinar los dividendos que obtenían de la venta de nuestro petróleo a precios magistrales en nuestra tierra para que siga generando.
                      La desigual pelea que llevó a cabo Santa Cruz en los últimos años reclamando a la empresa de capitales españoles un plan de inversión acorde a la realidad de la provincia y del país sólo provocaba más dilaciones. Para presionar, Repsol urgió las más viles amenazas: una y otra vez desafiaban con “retirarse” de la provincia, generando malestar e inseguridad. Sometiendo, además, a la administración provincial a gestionar sin parte de los recursos presupuestados.
                      Claro, Repsol nunca manifestó verdaderas intenciones, más allá de la innumerable cantidad de reuniones que se realizaron, de cumplimentar la ley 3117 de Marco Regulatorio para la prórroga de concesiones hidrocarburíferas, sancionada en 2010.
                      Mientras la actividad de REPSOL YPF se desmoronaba casi un millón de metros cúbicos (de 4.491.000 metros cúbicos, cayó a 3.404.000 metros cúbicos entre 2006 y 20011); la compañía Sinopec; por ejemplo; creció más de un 200% luego de la firma del acuerdo establecido por el mencionado Marco Regulatorio.
                      No me quiero extender en repetir números que confirman sobrados motivos para hablar del vaciamiento al que Repsol estaba sometiendo a YPF. A nosotros, los santacruceños no nos la contaron, nosotros vivimos esta realidad. Tenemos muy claro lo que significó la mirada rentística de la compañía española, una empresa que no dudó en dejar en la calle a miles de trabajadores de nuestra provincia cuando se derrumbó el precio del barril y decidieron ajustar por el sector más desprotegido. Y ahí tuvo que intervenir el Estado provincial dando contención a esos sectores.
                      Además, esta situación se contradecía con la transformación que vive la provincia de Santa Cruz en cuanto a su matriz energética. Será un antes y un después para la vida de la provincia y sus pobladores, cumpliendo sueños de nuestros pioneros. Por fin vamos a poder contar energía necesaria para la radicación de industrias, la transformación de las materias primas, darle valor agregado y generar trabajo para nuestra gente.
                      La semana pasada asistíamos a nuevo proceso licitatorio para las represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz pero para que esto fuera posible antes hubo que avanzar con el interconectado que no llegaba hasta el sur de la Patagonia. Dos medidas de una dimensión política extraordinaria para la región que no sólo nos permitirá recibir energía sino generarla e incorporarla al sistema nacional.
                      Esa diversificación de la matriz energética amplía el abanico de opciones para solventar el crecimiento de nuestro país. La usina termoeléctrica para producir energía a partir del carbón que hay en los Yacimientos mineros de Río Turbio; además de los emprendimientos eólicos para utilizar la fuerza de los vientos patagónicos, o el desnivel de las mareas que permitirán llevar adelante proyectos mareomotriz.
                      Estos avances nos auguran un futuro promisorio, sienta las bases de un proceso sostenido de crecimiento productivo e industrial, pero de eso también hablamos cuando se reclama política en materia energética.
                      Necesitamos todos nuestros recursos al servicio de este procesos de crecimiento con inclusión social no podemos permitir que los intereses de un conjunto de accionistas nos lleve a tal reducción en el horizonte de las reservas que compromete la soberanía energética del país.
De la mano de la Nación, las provincias recuperaran el verdadero control de sus recursos y serán puestas a producir para garantizar la expansión de la producción que requiere la demanda en el marco de un proceso de expansión económico histórico para nuestro país.
                      Claramente, no existirían estas demandas si no hubiera un incremento productivo de tal magnitud. Si no hay fábricas produciendo, si no hay cosechas récords, no hay “crisis energética”; no faltaría combustible si no hubiera ventas impresionantes de autos 0 km año tras año, por ejemplo.
                      Nuestra realidad, tan distinta a la que padecen las economías centrales, inmersas en profundas crisis recesivas nos obliga a repensar nuestra perspectiva. El petróleo, recurso estratégico para el mundo entero, es una ventaja competitiva que nos re posiciona en el tablero internacional. Se han desatado guerras y crueles matanzas por dominar el mercado petrolero, no podemos dejar en manos de señores que no piensan la empresa desde las necesidades de la Argentina profunda, que sólo han optado por conducir a la mayor empresa nacional a una sistemática pérdida de relevancia en el mercado hidrocarburífero local.
                      Basta tener en cuenta que el país tuvo que importar petróleo en el último año por más de 9 mil millones de dólares  para sostener el ritmo de la actividad económica mientras la empresa repartía dividendos entre sus accionistas en vez de reinvertir esas ganancias para asegurar las reservas, aumentar la producción y generar fuentes de trabajo. Sin olvidar, además que mientras tanto otras empresas expandían sus inversiones y su producción dejando en claro que el problema no afecta al sector, no es que los yacimientos estén secos, no es que escasee el petróleo y el gas, como querían hacernos creer, es que abandonaron la tarea de exploración.
                      Con esta declaración de interés público nacional, en la que el Estado se hace cargo de nuestras riquezas hidrocarburíferas, porque son de todos los argentinos y de nadie más que de los argentinos, estamos resarciendo este tiempo de aniquilamiento de la empresa, para encarar una nueva etapa en la que se restituyan las reservas dilapidadas en la última década; recuperar el rol de jugador estratégico en el esquema internacional, y de esta manera asociarse a capitales públicos y privados, nacionales e internacionales para lograr el autoabastecimiento y para cumplir con la función social que YPF nunca debió perder.
                       Cuando hablamos de función social también incluye recuperar el valor de los recursos humanos, que son el principal capital accionario de la empresa. Operarios, técnicos, profesionales; tantos que hicieron de YPF su vida, familias que se formaron al calor de la empresa.
                       Pero la recuperación de la producción implica mucho más, hace revivir a todos los pequeños y medianos prestadores de servicios que subyacen a la explotación de los yacimientos; todos ellos también se vieron perjudicados por la política impuesta en la compañía. Se vieron reducidos a su mínima expresión, e incluso muchos han desaparecido, de la mano de la disminución operativa a la que REPSOL sometió a YPF.
                        Esta medida que valientemente toma nuestra Presidenta es mucho más profunda que la recuperación del 51% del patrimonio de la empresa, es tomar la iniciativa para la promoción de una política hidrocarburífera que abarque la explotación del recurso pero también para que cumpla la FUNCIÓN ESTRATEGICA que le tiene reservada el modelo de crecimiento con inclusión social y produzca en sintonía con las necesidades de los argentinos y de los diversos sectores productivos.
                        Para que la exploración, extracción y comercialización de los hidrocarburos tenga como objetivo ser un resorte del crecimiento y bienestar de la población, y no un simple comodity de exportación.
                        Estamos ante la posibilidad histórica de sentar las bases para la profundización de este proceso de transformación y profundización iniciado en 2003. Tenemos la enorme responsabilidad como representantes del pueblo argentino de defender nuestros recursos con esta ley, y tenemos la enorme responsabilidad de no permitir que se mancille la legitimidad de esta medida a través de la permanente necesidad de desprestigiar esta decisión en la que han caído algunos representantes de la oposición y ciertos medios de comunicación.
                        Esa permanente necesidad de preponderar sus intereses empresariales por sobre el bienestar del país, olvidándose la responsabilidad social que tienen. Por eso no pueden admitir que este proyecto es fundamental para la realidad nacional. No pueden concebirlo porque su lógica es la misma que la de Repsol, exprimir al máximo sus ganancias sin importar el perjuicio que generen, sin importar el daño causado aunque pueda resultar irreparable. Si en ese proceso para proteger sus intereses hay que socavar la estabilidad de un gobierno; un gobierno legitimado por el pueblo argentino hace tan solo 6 meses, no van a dudar en hablar de “confiscación”, de “tiranía”, de “fascismo”, y cualquier otro adjetivo que encuentren y hacen repetir a sus voceros de turno: cualquiera que se preste a repetir sus argumentos con tal de tener medio minuto de pantalla.
                      Gracias al crecimiento político y social que hemos experimentado como sociedad, y especialmente a la ley de servicios de comunicación audiovisual, es que ya no pueden imponernos esas construcciones de significados a las que estaban acostumbrados.  
                       No hay mayor “seguridad jurídica” que un país cuidando sus recursos, que un país defendiendo sus trabajadores y sus fuentes de trabajo; que un país asegurándole a su población gas y combustibles a precios argentinos, que un país que resguarde sus fábricas y sus productores protegiéndolos de los intereses trasnacionales.
                      Son muchas las cosas que tendríamos para decir los santacruceños que vivimos esta realidad petrolera de nuestra provincia, una de las principales productoras de hidrocarburos, pero en función del tiempo que me resta finalizaré mi intervención con algo muy personal.
Quiero decir a los diputados y las diputadas que acompañarán este proyecto que estoy absolutamente convencido de que desde el cielo Néstor Kirchner nos está mirando, nos está sonriendo y diciendo: “Tengan fuerza. ¡Fuerza todos para seguir acompañando a esta presidenta coraje! ¡Fuerza todos para seguir acompañando este modelo y seguir profundizando estas políticas!”
Finalmente, quiero decirle a aquel diputado del peronismo disidente que en este momento no está en su banca, que acusó diciendo que se entregaba YPF a La Cámpora, que lo hizo solamente para denostar a esta juventud maravillosa que está acá sentada, que no tengo ninguna duda de que esta juventud es el principal sostén de Cristina, y que la acompaña y seguirá acompañando bajo cualquier circunstancia. (Aplausos.)
Y a aquellos diputados y diputadas que no nos acompañaran con su voto les digo que estoy absolutamente convencido de que algún día los 40 millones de argentinos, la patria, los hijos, y los hijos de sus hijos, se lo van a demandar. (Aplausos.)